Desde la ciencia de la administración podemos definir a la empresa de colectivos local como una empresa cerrada a la gente. Con lo cual entendemos que carece de Responsabilidad Social Empresaria para con el usuario.
El primer derecho que
vulnera es a la información. Nadie conoce a ciencia cierta los horarios ni los
recorridos. Tampoco lo saben en las oficinas públicas que son autoridad de
contralor.
Si bien los choferes
son la cara visible de la empresa, esta parece no estar radicada en ningún lugar.
No hay una oficina de información en un lugar céntrico para tramitar algún tema o depositar
un reclamo.
El afán de lucro tan
distinto a la imagen pretérita de aquella cooperativa de transporte los lleva a
optimizar costos hasta la importante tarea de exponer su local a la calle como
cualquier otro comerciante que abona comercio e industria.
En cuanto a los
choferes no hay posibilidad de que tengan un seguimiento de atención calidad,
por medio de una encuesta de opinión, de un auditor externo o del mismo
ciudadano.
Pero esta práctica
oscurantista en una relación comercial donde hay un consumidor que compra un
pasaje no se termina allí.
Tampoco expone a la
comunidad ni a los legisladores sus números, y estamos hablando de información confiable
como lo es la contable donde se debe exponer la verdad y no un mero dibujo.
Una empresa que no da
respuestas a la comunidad y lucra con esta es una empresa irresponsable que
debe ser castigada por el consumidor ¿pero si es monopolio? Entonces debe ser
regulada y exigida.
Aquí aparece la
necesidad de actuar más que como consumidor con derechos como ciudadano y
solicitar un marco regulatorio capaz de dar respuestas a la sociedad.
Académicamente en los
últimos años se viene trabajando en la contabilidad para dar consistencia a un
balance social de la empresa, balance que debe ser realizado por terceros y evalúa
la capacidad de respuesta de la empresa a sus consumidores
Luego de que la empresa
es responsable en su práctica comercial también devuelve a la comunidad que la
elige otro tipo de obras.
Control ciudadano y
balance social son derechos a conquistar.
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