¿Derecho o Mercancía?

-Transporte Público-

Hablamos anteriormente de los derechos del consumidor y en particular del derecho a la información. Pero en el caso del transporte urbano debemos comenzar a darnos una discusión de que implicancias tiene  garantizar la renta privada de una sociedad anónima.

Ante todo creemos que la forma más eficiente de prestar servicios públicos es por medio de organizaciones de la economía social que no tengan por objeto maximizar la renta, sino la prestación del servicio y la excelencia de este.

Sin embargo podemos ir más profundo, más allá de la provisión la cual podemos abordar en otro blog, y preguntarnos por la posibilidad de que el transporte urbano sea un derecho.

La constitución ya establece el libre tránsito y el consumo de autos, motos y bicicletas ya posibilita el transporte privado. Pero ¿Podría ser eficiente que la sociedad de Río Cuarto decida el libre acceso al ómnibus?

La conectividad y la posibilidad de recorrer la ciudad nos brindaría una externalidad positiva, el flujo natural de la gente posibilitaría un sin fin de negocios e interacciones humanas que más allá de lo económico, tenderían a mejorar el tejido social y a vincular a las personas.

Bastan dos ejemplos de esto para ver el efecto: uno es el colectivo gratis los días de la muestra de la Sociedad Rural que le da un dinamismo impresionante al sur de la ciudad y en particular a una muestra situada en un lugar con problemas de acceso.

El otro ejemplo son los colectivos de ida a Reducción el primero de mayo, para los peregrinos que no pueden caminar más. En este caso también se ve el fomento de la actividad religiosa y todo un tramado en trono de esta, facilitado por medio de la conectividad.

Pero ¿Sobre quién cae el precio del boleto? Sobre el conjunto de los ciudadanos. En este caso podemos decir que un boleto universal que redunda en una mejora de toda la ciudad cae sobre el contribuyente.

A su vez el contribuyente es adverso a pagar el costo directo del servicio de transporte y cualquier otro servicio. Con lo cual una medida de este tipo sería bien vista si el impuesto es indirecto.

Sostenemos por el principio de corresponsabilidad fiscal que nunca habría que dejar de cobrar un boleto mínimo y la ecuación a construir sería lograr un pasaje lo suficientemente barato que incentive la movilidad, al mismo tiempo que una compensación de ese boleto por el subsidio a partir de los impuestos.

Finalmente este modelo cargaría las tintas sobre la contribución de comercio e industria. No pensado un aumento de la tasa ya que es elevada y contribuye a la torta de ingresos más que el impuesto inmobiliario, sino mejorando su administración.

¿Por qué cargar las tintas en ese tributo? Porque el comerciante obtiene una suerte de doble beneficio, una disminución en el costo de vida de sus trabajadores y un aumento en la renta disponible de los mismos que será volcada al consumo.

A su vez en una cuantía es trasladable a los precios lo que hace que el valor del transporte vuelva al usuario pero de forma mas equitativa ya que integramos un segmento que no tenía iniciativa de precio para desplazarse y lo cargamos en uno de mayor poder adquisitivo, lo que nos da una suerte se solidaridad o distribución de la renta.