¿Qué es un tribunal de cuentas? Mucha gente lo
confunde con un órgano jurídico donde dirigir reclamos civiles o
administrativos. El Tribunal de Cuentas NO es un órgano jurídico.
Es un órgano de auditoría externa a las cuentas del
ejecutivo municipal. Esto quiere decir que controla que la plata que gasta el
intendente cumpla con la ley antes de hacerlo y después de hecho.
En nuestra ciudad este órgano municipal tiene una
particularidad: Es electo por los ciudadanos de forma directa. Lo cual le
otorga una responsabilidad política en el control y la gestión de los recursos.
Que la gente elija quienes controlan las cuentas
plantea un desafío de abrir este órgano municipal y de forma amplia todo el
estado a la participación y el control ciudadano para una mayor transparencia.
Si bien los nombres de los funcionarios elegidos estuvieron
en la boleta el día del sufragio. Las personas pueden y tienen derecho a
acceder a los funcionarios municipales
para peticionar y ser informados.
Hoy me resulta importante presentar dos instrumentos
con los que se trabaja comúnmente cada día en el Tribunal:
1- La visación previa de los actos de gobierno: Todo
acto que involucre una salida de dinero para la municipalidad, en especial
adjudicaciones directas, concurso de precios y licitaciones, pasa por el
tribunal donde los equipos técnicos de cada partido examinamos folio por folio
el cumplimiento y la no desnaturalización de la ley. Esto en tan solo 5 días hábiles.
2-Las órdenes de pago a proveedores: toda persona
que cobre algún dinero de parte de la municipalidad firma un documento en el
cual se registra el acto legal con el cual se controla en nuestras oficinas que
dicho gasto haya sido autorizados y cuente con partida presupuestaria.
¿Dónde va todo lo
sospechoso? Luego de los informes
técnicos los trámites incorrectos vuelven a ser enmendados a las distintas
secretarías. En el caso de su insistencia o una ejecución previa a la
autorización se redactan informes (de disidencia en el caso de visaciones) y se
envían al Concejo Deliberante para
que este lo trate responsablemente con el conjunto de representantes electos.
Finalmente en casos de gravedad institucional e
incumplimiento de funcionarios públicos se va a la justicia con acciones penales.
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